Groseros y tozudos

La construcción tiene sus maneras, su etiqueta, digamos, más o menos como cualquier otro menester: con pocos detalles se puede saber si es una buena obra o no,  principalmente por la sensación de cariño por los recursos. Es igual que con las maneras de la mesa: la etiqueta no solamente es elegante, también es muy eficaz. Sin embargo, los métodos constructivos no están reglamentados ni tienen normas, reglas o academia, y nunca se podrán medir objetivamente: las diferencias en apreciación pueden ir desde asco más distractor hasta un delicado arrobo.

En 2001 apareció el capricho burocrático de calificar el programa de trabajo de los proponentes en las licitaciones: querían medir lo que estaba basado en costumbres, estilos y buenas maneras: la etiqueta. Hay muchas formas de comerse un pan elegantemente, como hay muchas maneras de vaciar, colar, cargar o fundir el concreto, la mezcla o el hormigón, con grúa o con bomba. Si un funcionario en el comité de evaluación considera que el método escogido no es el adecuado, castiga el puntaje otorgado. Y como las calificaciones las han organizado para que la incidencia del programa de trabajo sea lo determinante, las licitaciones dejaron de adjudicarse con criterios objetivos, en contravención con la Ley 80 de 1993.

La irrupción de la calificación del programa de trabajo fue como la del pez león en el Caribe; desde el 2001 entró por Cartagena, o Barranquilla, y se regó por toda Colombia. A veces aparece mezclado con la calificación del plan de manejo ambiental o del plan de calidad, a veces aparece con exigencias de experiencias demasiado sofisticadas; payasadas, podría uno decir. Y así, con el tiempo, en los procesos hubo cada vez menos y menos interesados, de tal manera que terminaron teniendo promedios de menores a 5 proponentes por licitación (en proyectos similares en el Invias participaban 30 o 40). Para los contratistas bastaba con mirar los pliegos en las calificaciones para ponerle una bandera roja.

El sesgo en la objetividad creció de manera tan descontrolada que, en junio de 2015, Vargas Lleras anunció que los municipios que no licitaran con pliegos tipo Invias no recibirían un peso del Gobierno. Sin embargo, la mayoría de alcaldías y gobernaciones desestimaron al Vicepresidente y, en proyectos con fondos propios, consideraron que lo mejor es medir los méritos a su manera y siguieron haciendo pliegos en los que se hacían apreciaciones, más que calificaciones.

Según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el 87 por ciento de los procesos de selección de los municipios, el 71 por ciento de contrataciones en los departamentos y el 46 por ciento de los de las alcaldías locales de Bogotá que se hacen sin pliegos tipo terminan con un solo proponente, pues es el único que cumple con los requisitos que se exigen. Ver.

Con mucho mérito, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros se pusieron el propósito de buscar la herramienta que normalizara las licitaciones, y lo encontraron en lo que llamaron Ley de Pliegos Tipo, la cual ya fue aprobada (no sin la sorprendente oposición de Fedemunicipios) y espera reglamentación.

Pero la nueva Ley nunca va a ser suficiente en sí sola, y cuando encuentren la manera de manipular, en su particular forma, las exigencias o la medición de los méritos de un licitante, tendremos que blandirle el único indicador de gestión que depende de los gobernantes mismos: el promedio de participantes en licitaciones. La contratación es la principal herramienta de ejecución que tienen los gobernantes, limitar sus oferentes a uno, dos o tres es como crear monopolios y oligopolios a los que se llega más por intención que por error; no puede existir un buen gobierno sin un buen indicador de proponentes. No puede haber excusas, porque en la era moderna, con todos los medios habidos y la agilidad que se tiene en las plataformas como el Secop, es muy fácil saber cuándo una licitación va a tener pocos participantes; basta con leer las cartas airadas que mandan, las solicitudes, los reclamos. Debería ser al contrario: en el uso de su sagrada herramienta, los gobiernos deberían actuar como lo hacen las empresas cuando van a vender un producto: hacerlo atractivo al mercado, sondear, estudiar, revisar procesos anteriores, ser autocríticos y cambiar el tono ominoso y admonitorio que tienen los pliegos. Si al abrir los prepliegos, una licitación tiene poco atractivo, pues el gobierno debe bajar sus pretensiones y sacrificarse. Los procesos de un solo oferente jamás han sido buenos.

Nunca sabremos las intenciones de quienes se las arreglan para hacer licitaciones oligopólicas; de pronto son perezosos y no les gusta hacer muchas evaluaciones, de pronto creen conocer el futuro y se convencen de que participará solamente el mejor proponente posible. Pero no podemos tener ambages en señalar con alevosía a los gobernantes y funcionarios que consistentemente tengan como promedio menos de cinco proponentes por licitación: son unos ineptos absolutos y totales. Es imperdonable y hay que hacérselo saber por siempre.

 

 

Ejemplos de condiciones comunes en licitaciones oligopólicas: